por Marcos Weiss Bliacheris

Los incendios, las sequías y las inundaciones ya no son solo un problema ambiental: son una cuestión de derechos humanos, agravada por el hecho de que estos desastres climáticos son cada vez más grandes y más frecuentes. Dentro de esa crisis hay un grupo que suele quedar fuera de los planes de emergencia: las personas con discapacidad.

España en llamas: el silencio que casi cuesta una vida

Un episodio reciente en España muestra con crudeza cómo opera esa exclusión. En agosto, según relató el diario español El País, un incendio forestal avanzó sobre La Vilavella, municipio valenciano de apenas 3.000 habitantes. Sonaron las campanas, la policía golpeó puerta por puerta y los celulares vibraron con alertas. Todo el pueblo fue alertado, menos una mujer de 81 años, sorda de nacimiento, que vive sola en el centro y quedó aislada mientras sus vecinos eran evacuados durante el fin de semana.

Recién el lunes siguiente —dos días después del incendio— su familia logró localizarla: había salido de compras sin saber que el fuego se había acercado peligrosamente y se cruzó por casualidad con dos policías. El episodio expone un vacío estructural: los sistemas de alerta siguen pensados para un cuerpo estándar que oye, ve y se mueve sin barreras.

Una crisis de derechos, no solo del ambiente

Lo ocurrido en La Vilavella no es un hecho aislado: es la manifestación local de un problema estructural y global. Escribo estas líneas desde Brasil, donde el Censo de 2022 relevó 14,4 millones de personas con discapacidad, aunque ningún sistema de respuesta a desastres informa cuántas resultan afectadas por una inundación. A nivel mundial, las personas con discapacidad representan cerca del 16% de la población —unos 1.300 millones—, y el 80% vive en el Sur Global, con sistemas de protección más frágiles.

Esa invisibilidad estadística tiene un correlato humanitario preciso. Como reveló InfoHumana en la nota «La emergencia también excluye», un relevamiento de la ONU encontró que el 84% de las personas con discapacidad consultadas no tenía un plan personal ante desastres y apenas el 8% creía que los planes locales contemplaban sus necesidades. La misma nota recuerda que el 20% de las personas más pobres del mundo tiene algún tipo de discapacidad, lo que vuelve cualquier emergencia climática una amenaza de impacto doblemente desigual.

Rio Grande do Sul: la desigualdad quedó a la vista

Ese patrón estadístico tuvo un correlato concreto en 2024, cuando las inundaciones que golpearon a Rio Grande do Sul, estado brasileño fronterizo con Argentina, provocaron la mayor catástrofe climática de su historia reciente: más de 180 municipios afectados y cientos de miles de personas desplazadas, muchas durante semanas.

Para las personas con discapacidad, confirmaron un patrón conocido: alertas inaccesibles, ausencia de protocolos de evacuación específicos y refugios sin rampas, baños adaptados ni equipamiento adecuado.

Como parte de mi trabajo en el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, participé en tareas de apoyo a personas con discapacidad durante la emergencia y vi de cerca sus consecuencias. Niños y adultos autistas, que dependen de rutinas estables para regular su bienestar, fueron alojados junto a miles de personas en gimnasios superpoblados y ruidosos, sin adaptación sensorial alguna.

Otras personas perdieron, junto con sus casas, medicamentos indispensables para sostener tratamientos crónicos. A esto se sumó la pérdida de tecnologías asistivas: para quien depende de una silla de ruedas motorizada, un audífono o un equipo médico eléctrico, un corte prolongado de energía puede significar un riesgo de vida inmediato. El impacto se agravó para mujeres y niñas con discapacidad, con mayor exposición a la violencia y a la sobrecarga de tareas de cuidado.

Una respuesta posible: el proyecto Resgate Inclusivo

No todo son malas noticias: en medio del caos, la creatividad y el esfuerzo de servidores públicos y voluntarios permitieron superar numerosas barreras, improvisando soluciones sobre la marcha, desde intérpretes de lengua de señas hasta espacios más tranquilos para personas autistas dentro de los refugios.

Frente a este panorama, el proyecto Resgate Inclusivo — Pessoas com Deficiência e Eventos Climáticos Extremos, coordinado por el Instituto Amankay, combina producción de conocimiento, capacitación de equipos de emergencia y comunicación accesible para reducir riesgos. El objetivo de fondo es instalar una cultura permanente de prevención basada en la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas.

Nadie puede quedar atrás

La mujer sorda de La Vilavella tuvo suerte: sobrevivió. Pero su historia no debería depender del azar de cruzarse con un policía en la esquina correcta y resume el problema de fondo: la gestión de riesgos de desastres sigue pensada para una población abstracta, cuando la accesibilidad debería estar presente en cada etapa, desde la alerta temprana hasta la reconstrucción.

Mientras las personas con discapacidad sigan sin un plan de emergencia pensado para ellas, la crisis climática seguirá siendo, también, una crisis de exclusión.

(*) Marcos Weiss Bliacheris es abogado, escritor, experto en inclusión y sostenibilidad | @bliacheris