La falta de datos centralizados, la escasez de dispositivos de atención y el aumento de cuadros complejos exponen una deuda estructural del Estado con niños, niñas y adolescentes.

La salud mental de niños, niñas y adolescentes se convirtió en una de las alarmas más silenciosas y urgentes del sistema público. Mientras aumentan las consultas, se agravan los cuadros y se multiplican las situaciones de vulnerabilidad, el Estado sigue sin contar con una estrategia integral ni con información centralizada que permita dimensionar la magnitud del problema.

La ausencia de datos no es un detalle técnico. Es, en sí misma, parte de la crisis. Sin estadísticas claras, sin registros unificados y sin una mirada federal, resulta imposible diseñar políticas públicas capaces de anticipar, prevenir y acompañar. La respuesta oficial suele quedar fragmentada entre jurisdicciones, hospitales, organismos de niñez y dispositivos sociales que no siempre logran articularse.

Los números disponibles, aunque dispersos, alcanzan para encender una alarma. Según UNICEF, el 9% de las y los adolescentes de entre 13 y 17 años manifestó haberse sentido deprimido durante 2024, mientras que el 13% dijo haberse sentido angustiado. En la misma línea, una consulta realizada por el organismo identificó como principales factores que afectan la salud mental adolescente a la discriminación, el bullying y el cyberbullying, con el 33% de las respuestas; las presiones en los vínculos familiares, con el 22%; y las situaciones de violencia, abuso o acoso, con el 10%.

La escuela también aparece como un espacio donde el malestar se expresa con fuerza. UNICEF relevó que el 20% de las y los adolescentes declaró haber presenciado situaciones de bullying, mientras que el 11% afirmó haberlas sufrido directamente. Otro relevamiento posterior mostró un salto todavía más preocupante: la proporción de adolescentes que sufrió bullying pasó del 25% al 41% en un año, lo que representa a casi un millón de chicos y chicas.

La salud mental adolescente se convirtió en una de las alarmas más urgentes y menos atendidas del sistema público.

En ese contexto, las guardias de los hospitales públicos se transforman en el primer y muchas veces único lugar de contención. Profesionales de la salud mental advierten que, en los últimos años, la cantidad y complejidad de las consultas aumentó de manera significativa, especialmente después de la pandemia. Los equipos reciben con mayor frecuencia situaciones de angustia severa, autolesiones, intentos de suicidio, consumos problemáticos, trastornos alimentarios y crisis familiares profundas.

El problema, sin embargo, no puede reducirse a una cuestión médica. La salud mental adolescente está atravesada por factores sociales, vinculares, económicos y comunitarios. La pérdida de redes de contención, la soledad de muchas familias, las dificultades habitacionales, la pobreza, la migración, la violencia, la sobreexigencia escolar, el uso problemático de pantallas y la fragilidad del mundo adulto forman parte de un escenario cada vez más complejo.

La Encuesta Kids Online Argentina 2025 también suma datos sobre el entorno digital en el que crecen niñas, niños y adolescentes. El 97% accede a Internet desde el celular, el 90% usa redes sociales y el 92% chatea por aplicaciones o mensajes directos. Pero junto con esas oportunidades aparecen riesgos: el 31% de adolescentes de 12 a 17 años dijo haber visto contenidos sobre formas de lastimarse físicamente y el 27% contenidos de personas hablando sobre formas de quitarse la vida. Además, el 21% padeció situaciones de maltrato en Internet durante 2024.

La falta de espacios de ayuda agrava el cuadro. Según UNICEF, el 41% de los adolescentes no está seguro de que existan lugares en su comunidad donde pedir acompañamiento por temas de salud mental, y otro 19% sostiene directamente que no hay. Es decir, seis de cada diez adolescentes no identifican con claridad una red cercana a la cual recurrir. A su vez, más de la mitad considera que nunca o raramente se realizan campañas sobre salud mental adolescente, y solo el 14% afirma que esas acciones son frecuentes o muy frecuentes.

Sin datos centralizados ni una estrategia federal, el Estado sigue intentando responder a ciegas.

Por otro lado se suma una dificultad concreta: faltan dispositivos de atención.

Muchos chicos y chicas llegan a una guardia después de haber recorrido varios efectores sin conseguir turno, con listas de espera prolongadas o sin acceso a tratamientos ambulatorios. La demora no es neutra: mientras el sistema tarda, los cuadros se agravan.

Los indicadores más graves muestran la dimensión del problema. El Ministerio de Salud de la Nación informó que el 21,5% de estudiantes de 13 a 17 años entrevistados en la Encuesta Mundial de Salud Escolar consideró seriamente la posibilidad de suicidarse durante el último año. La proporción fue más del doble entre mujeres que entre varones: 28,6% contra 13,7%. El mismo relevamiento registró que el 15,2% de jóvenes de 13 a 17 años informó haber tenido al menos un intento de suicidio en los doce meses previos.

Otro dato del Programa Sumar permite dimensionar la concentración del riesgo en la adolescencia media. En 2022 se registraron 3.981 prestaciones relacionadas con consultas por intento de suicidio en adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años. Más de la mitad de esos casos, el 55,6%, correspondió al grupo de 15 a 19 años.

Uno de los déficits más señalados es la falta de psiquiatras infanto-juveniles, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. En algunas provincias, la escasez de profesionales especializados vuelve casi imposible sostener tratamientos tempranos y continuos. Así, el sistema termina interviniendo tarde, cuando la situación ya exige respuestas más intensivas.

Los informes de organizaciones especializadas también advierten sobre otro dato preocupante: ante la falta de alternativas comunitarias, familiares y ambulatorias, la internación aparece muchas veces como la respuesta dominante. En la Ciudad de Buenos Aires, ACIJ y CELS señalaron que en 2024 el 94,4% de las camas públicas de internación en salud mental seguían concentradas en hospitales psiquiátricos, mientras que los hospitales generales apenas reunían el 5,6%. Además, las internaciones aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos respecto de 2023.

Esa lógica no solo contradice el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental, sino que además puede profundizar el deterioro de quienes deberían ser protegidos. Las internaciones prolongadas, las reinternaciones y la ausencia de tratamientos previos muestran que el problema no empieza en la crisis, sino mucho antes: en cada puerta cerrada, en cada turno que no llega, en cada familia que queda sola.

La situación es todavía más grave cuando se trata de chicos y chicas en situación de calle, sin cuidados familiares suficientes o atravesados por múltiples vulnerabilidades. En esos casos, la salud mental queda directamente ligada a la falta de vivienda, de protección social, de inclusión educativa y de políticas de acompañamiento sostenidas.

La crisis también obliga a revisar el lugar de los adultos. Especialistas consultados señalan que muchas situaciones se agravan cuando no hay una presencia adulta capaz de acompañar, contener, poner límites y registrar a tiempo el malestar. No se trata de culpabilizar a las familias, sino de comprender que los adultos también están atravesados por precariedad, cansancio, incertidumbre y falta de apoyos.

Por eso, hablar de salud mental adolescente exige algo más que camas, guardias o diagnósticos. Requiere políticas públicas que unan salud, educación, protección de derechos, vivienda, comunidad y trabajo territorial. También exige campañas de prevención, escuelas con herramientas, municipios capacitados y equipos interdisciplinarios capaces de intervenir antes de que la urgencia se vuelva internación.

El Estado no puede abordar esta problemática a ciegas. Necesita datos, coordinación, presupuesto y decisión política. Pero, sobre todo, necesita asumir que cada adolescente que no consigue ayuda a tiempo expresa una falla colectiva.

La salud mental de las infancias y adolescencias no puede depender de la suerte, del barrio, de la obra social, de la capacidad de insistir de una familia o de la guardia que toque ese día. Debe ser una prioridad pública.

Porque cuando el sistema llega tarde, el costo no se mide solo en estadísticas. Se mide en vidas interrumpidas, vínculos rotos, sufrimientos evitables y futuros que se achican demasiado pronto.

Muchas crisis llegan a las guardias después de una larga cadena de turnos demorados, puertas cerradas y familias que quedaron solas.